El exsenador Armando Benedetti, recientemente nombrado asesor presidencial, enfrenta un proceso judicial en la Corte Suprema de Justicia relacionado con presuntas irregularidades en la contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Desde el pasado 17 de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte decidió, por mayoría, acoger parte de la ponencia de acusación presentada por la magistrada Cristina Lombana, manteniendo el cargo de tráfico de influencias, mientras que desestimó el de interés indebido en la celebración de contratos.

El caso se centra en un contrato adjudicado el 1 de agosto de 2017, identificado con el número 2017865 y valorado en 1.065 millones de pesos, que fue otorgado a Certicámara S.A., filial de la Cámara de Comercio de Bogotá especializada en firmas digitales. Según la denuncia del abogado Jaime Lombana, Benedetti habría intervenido ilegalmente en la adjudicación de este contrato a través de su asesora Elsy Pinzón Barrera.

El testimonio clave proviene de Jorge Iván Henao, quien ha colaborado en procesos judiciales contra políticos como Bernardo Miguel ‘el Ñoño’ Elías y Musa Besaile, y quien señaló a Benedetti como responsable directo de influir en el proceso.

La defensa de Benedetti ha negado todas las acusaciones, calificándolas de persecución política, mientras que la magistrada Lombana rechazó una solicitud de nulidad presentada por el exsenador. Por su parte, el magistrado César Augusto Reyes trabaja en una nueva ponencia que, una vez aprobada, será notificada a Benedetti y su defensa, quienes podrán presentar un recurso de reposición.

De ser hallado culpable, Benedetti podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión. Aunque se desconoce si este proceso afectará su designación como asesor presidencial del presidente Gustavo Petro, la situación genera incertidumbre sobre su futuro político.