La familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena) durante su luna de miel, demandó al Estado colombiano y a la cadena hotelera Decameron, reclamando una indemnización de $10.000 millones.

La demanda, radicada ante el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá y conocida por el diario El Tiempo, argumenta presuntas fallas en la protección del fiscal, quien era una figura clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Paraguay. Los demandantes señalan omisiones graves por parte de las autoridades colombianas y la cadena hotelera, al no advertir ni prevenir los riesgos que rodeaban a Pecci.

Según el documento, la filtración de la ubicación del fiscal y la falta de controles permitieron que los sicarios, quienes ya fueron condenados, pudieran acercarse fácilmente a la playa donde se encontraba y perpetrar el crimen. Además, se advierte que los delincuentes contaban con información interna sobre los movimientos de la víctima y sus acompañantes.

La conciliación previa entre las partes no prosperó, por lo que ahora será un juez quien determine si hubo responsabilidad estatal y empresarial en el magnicidio. La justicia colombiana ha condenado a nueve personas implicadas en la ejecución material del asesinato, pero aún no se ha esclarecido quién financió y ordenó el crimen.

El asesinato de Marcelo Pecci generó conmoción internacional y dejó en evidencia los alcances de las mafias transnacionales, las cuales habrían tomado represalias por la participación del fiscal en la operación «A Ultranza Py», una de las más grandes contra el narcotráfico en Paraguay.