En una plenaria cargada de controversia y en medio de una fuerte presión política, el Senado de la República archivó este martes el proyecto de reforma política que habría permitido el transfuguismo, es decir, el cambio de partido por parte de congresistas, concejales, diputados y ediles sin sanciones.

La iniciativa, que avanzaba con celeridad a solo meses de las elecciones presidenciales y legislativas, fue detenida con 55 votos a favor de su archivo y 29 en contra, en respuesta a la proposición presentada por la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático). “Necesitamos que los ciudadanos voten por ideas claras, no por cálculos estratégicos”, expresó Valencia.

Pese a que muchos legisladores intentaron desvincularse públicamente del proyecto, su hundimiento no ocultó el hecho de que diversos partidos se habrían beneficiado de su aprobación. Uno de los artículos más polémicos otorgaba a los partidos la facultad de resolver casos de doble militancia, desplazando al Consejo de Estado de esa función.

Aunque el proyecto ya había superado seis de los ocho debates requeridos, y contaba con un panorama favorable en la Cámara, su caída reconfigura las estrategias políticas, especialmente del Pacto Histórico. Esta coalición no puede repetir la alianza de 2022 debido a la restricción legal que impide revalidar acuerdos que superaron el 15 % de los votos.

La senadora María José Pizarro defendió que su colectividad no apostará por el transfuguismo, sino por una “fusión inédita” entre partidos afines, aunque esta figura también enfrenta límites legales si existen procesos sancionatorios en curso. Un obstáculo que, según la senadora Angélica Lozano, también anula esta vía.

Desde la oposición, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) calificó el proyecto como un intento inconstitucional e inmoral de legislar en beneficio propio. Por su parte, el autor de la iniciativa, el senador Alejandro Carlos Chacón, negó que se tratara de un favor al Pacto Histórico, al asegurar que contó con apoyo de múltiples colectividades.

Con este revés legislativo, se cierra una puerta para la reconfiguración rápida del mapa político de cara a 2026, y se reabre el debate sobre las verdaderas posibilidades de reforma estructural en Colombia.