Durante una audiencia judicial realizada en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su presunta participación en irregularidades dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los delitos señalados son peculado, cohecho y lavado de activos.

González, quien ha sido una figura influyente en el entorno cercano al presidente Gustavo Petro, rechazó los cargos y aseguró que se trata de una persecución en su contra. Sin embargo, el fiscal delegado solicitó medida de aseguramiento intramural, a la espera de una decisión en la audiencia programada para el 6 de junio.

Durante la imputación, el ente acusador describió a González como un actor político con amplio recorrido, que ha acumulado poder desde sus inicios como dirigente estudiantil del M-19, pasando por cargos como concejal de Bucaramanga y congresista, hasta convertirse en directivo del partido Alianza Verde. Según la Fiscalía, desde allí tejió relaciones políticas clave, entre ellas con Gustavo Petro, la exalcaldesa Claudia López y el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina.

Estas alianzas le habrían permitido ejercer una influencia significativa en decisiones estratégicas del progresismo colombiano, según afirmó el delegado fiscal. En esa misma línea, la Fiscalía destacó la articulación de otros actores políticos, como el representante vallecaucano Duvalier Sánchez, quien sería una ficha de confianza tanto de López como de Ospina en la región suroccidental del país.

Sánchez, reconocido por su activismo ambiental y político, ha sido señalado como un operador esencial en el Valle del Cauca, articulando intereses entre Bogotá y Cali. Su papel se vuelve cada vez más visible en el contexto del escándalo de la UNGRD, dada su cercanía con los líderes mencionados y su presencia en las estructuras del partido Verde.