En una decisión que ha provocado un fuerte remezón político y económico, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bajo el liderazgo de Germán Ávila, expidió el Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025. La norma autoriza al Gobierno Nacional a anticipar el cobro de la retención en la fuente correspondiente al año 2026, aplicándola desde ya en lo que resta del 2025.

La medida busca tapar el creciente déficit fiscal, evitando la parálisis del Estado por falta de recursos. Sin embargo, múltiples voces han alertado sobre las graves consecuencias de esta estrategia contable, que adelanta ingresos del próximo gobierno y compromete el flujo de caja de miles de empresas.

“Es un anticipo forzado que puede desestabilizar empresas e incluso poner en riesgo el empleo”, señaló la abogada Carolina Restrepo Cañavera, experta en tributación. Según ella, la retención en la fuente nunca fue diseñada como una herramienta de financiamiento, sino de fiscalización.

El economista Germán Machado estima que el Gobierno podría recaudar hasta 11 billones de pesos con esta jugada, pero advierte que no soluciona el déficit actual y deja al próximo presidente con una caja prácticamente vacía: “Es pan para hoy y hambre para mañana”, aseguró.

El decreto también modifica las tarifas de autorretención, que subirán al 4,5% para sectores estratégicos como la minería y la energía. Asimismo, se endurecen los anticipos del impuesto de renta y se reducen los umbrales para aplicar retenciones por compras y servicios, lo que implicará mayores pagos adelantados por parte de las empresas y personas naturales.

Una de las mayores controversias radica en que esta medida no fue discutida en el Congreso, lo que ha llevado a varios analistas a calificarla como una “reforma tributaria encubierta”.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue contundente: “Están jineteando el dinero del 2026 y endeudando al micro y pequeño empresario hoy”.