La reciente firma del memorándum de entendimiento entre Colombia y Venezuela para la creación de una “Zona Económica de Paz, Unión y Desarrollo Binacional” ha generado una fuerte polémica en el país. El acuerdo, firmado por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, ha sido recibido con alarma por diversos sectores que advierten sobre un presunto debilitamiento de la soberanía nacional y un eventual fortalecimiento de estructuras criminales en la frontera.

Rodríguez calificó el memorándum como un hito para el desarrollo fronterizo, señalando que busca beneficiar a los pueblos que “hacen vida en el Norte de Santander, Táchira y Zulia”. Según sus declaraciones, el documento impulsa sectores clave como el comercio, la industria, el turismo, la energía y el transporte, en un modelo de complementariedad económica.

“Estamos muy felices. Este acuerdo ha sido posible gracias a la visión de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Es para el beneficio de nuestros pueblos”, expresó Rodríguez desde Caracas.

Por su parte, la ministra Morales defendió la iniciativa como “una hoja de ruta estratégica de integración binacional que permitirá transformar ambos territorios a través de nuevos sectores de desarrollo”.

Sin embargo, el acuerdo ha generado un fuerte rechazo por parte de gremios empresariales y sectores políticos en Colombia. Fenalco lo calificó como un acto de “cesión de soberanía” al considerar que puede abrir la puerta a una mayor influencia del régimen de Maduro en regiones estratégicas como La Guajira, Cesar y Norte de Santander.

“Esto no es integración, es entrega. Colombia no puede permitir que decisiones geopolíticas de esta magnitud se tomen sin debate ni aprobación del Congreso, como exige el artículo 150 de la Constitución”, advirtió el gremio en una comunicación oficial.

También se alerta sobre la posibilidad de que la zona binacional se convierta en un “corredor gris” para el narcotráfico y el crimen organizado, al quedar fuera del control efectivo del Estado colombiano. Críticos señalan que no existen estudios técnicos, ni claridad sobre el alcance de autoridad venezolana en suelo colombiano, ni mecanismos de fiscalización conjunta.

El Congreso aún no ha sido notificado formalmente del acuerdo y sectores de la oposición ya anuncian solicitudes de control político e incluso demandas ante el Consejo de Estado.