A pocos días de asumir la presidencia de la Cámara de Representantes, el congresista Julián López enfrenta fuertes cuestionamientos por un conflicto de interés no declarado. Aunque se presenta como férreo defensor de la lucha anticorrupción, López no informó que su esposa, Beatriz Helena Galindo Lugo, ocupa un alto cargo en la Aerocivil, entidad que es objeto de control político por parte de la Comisión Sexta, de la cual él es miembro y fue presidente hasta hace poco.

La Ley Quinta de 1992 es clara en exigir que los congresistas informen, de forma sumaria, sobre cualquier situación que pueda generar conflicto de interés relacionado con sus cónyuges. Sin embargo, López omitió declarar la relación laboral de su esposa, quien desde abril de 2024 fue nombrada como asesora aeronáutica grado 30 en la Dirección Regional de Occidente de la Aerocivil, con sede en el Valle del Cauca, su región electoral.

El hecho se vuelve más delicado si se considera que dos meses antes del nombramiento, López ya lideraba debates de control político sobre el futuro de la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y administrado por la Aerocivil.

“Sí debe siempre señalarse en dónde trabaja el cónyuge. El Congreso trata asuntos que pueden afectar sectores específicos del Estado”, explicó Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE.

Según el observatorio “Joining the Dots” de Directorio Legislativo, al menos 11 congresistas han declarado correctamente la situación laboral de sus parejas en el Estado. Julián López no está entre ellos.

La omisión no solo contradice su discurso ético y de transparencia, sino que plantea dudas sobre posibles influencias cruzadas en temas clave de infraestructura y transporte, justo cuando lideraba la Comisión encargada de vigilar a la Aeronáutica Civil.