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El alto tribunal concluyó que el Ejecutivo no puede transformar el modelo de salud por decreto, pues esa facultad corresponde al Congreso.
En un fallo de 43 páginas conocido este jueves, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente el Decreto 0858 de 2025, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, al considerar que la norma excede las competencias reglamentarias del Ejecutivo y vulnera el principio de reserva de ley.
El decreto, firmado en julio por el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, buscaba implementar un nuevo modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, que coincidía con varios apartes del proyecto de reforma actualmente en trámite ante la Comisión Séptima del Senado.
Según el fallo, el Gobierno “desbordó los límites constitucionales de la función reglamentaria” al intentar reformar aspectos esenciales del sistema de aseguramiento —como la integración de EPS, IPS, entes territoriales y la creación obligatoria de las Redes Integradas Integrales Territoriales de Salud (RIITS)— sin mediación legislativa.
“No le corresponde al Ejecutivo transformar, mediante decreto, aspectos estructurales del modelo de aseguramiento. Esta actuación vulnera la reserva de ley y sustituye decisiones que deben adoptarse en el Congreso”, advierte el documento.
El tribunal recordó que en materia de seguridad social, es el Legislador quien define el alcance, contenido y procedimientos del sistema, no el Ejecutivo.
La decisión respondió a una acción presentada por el representante Andrés Forero (Centro Democrático), quien celebró la suspensión afirmando que “es un alivio para los colombianos que el ‘plan B’ del Gobierno se haya empantanado”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó el fallo, asegurando que “suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana. La ley ordena un sistema preventivo”.
El Decreto 0858 de 2025 modificaba varios apartes del Decreto 780 de 2016, cambiando la estructura de financiamiento, la contratación y la organización institucional del sistema de salud.
El acto administrativo fue duramente cuestionado por 16 exministros y exviceministros de Salud, entre ellos Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz y Beatriz Londoño, quienes advirtieron que la medida representaba un “nuevo capítulo de incertidumbre institucional, operativa y financiera”.
“El Gobierno ha optado por emitir un decreto que pasa por encima de la institucionalidad democrática y de la división de poderes”, señalaron en una carta pública.
El fallo del Consejo de Estado deja en suspenso la implementación de la política de salud del Ejecutivo y reaviva el debate sobre los límites del poder reglamentario del Gobierno frente a las competencias del Congreso.
