

Fuentes en Washington aseguran que el proceso de revisión sigue activo y que podrían sumarse altos cargos como Ricardo Roa, Edwin Palma y Luis Eduardo Llinás.
El Gobierno de Estados Unidos continúa ampliando su revisión sobre altos funcionarios del Estado colombiano que podrían ser incluidos en la Lista Clinton, luego de la reciente designación del presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, el ministro Armando Benedetti y el hijo del mandatario, Nicolás Petro.
De acuerdo con información revelada por La FM, fuentes en Washington indicaron que las agencias de inteligencia y control financiero estadounidenses mantienen abierto el proceso de análisis y no han cerrado el listado de sancionados.
Las revisiones se adelantan bajo la Orden Ejecutiva 14059, firmada en diciembre de 2021, la cual endureció los criterios de sanción al incluir no solo a los cabecillas de organizaciones de narcotráfico, sino también a las personas o entidades que “brinden apoyo material, financiero o tecnológico” a dichas estructuras.
Entre los funcionarios cuyos casos estarían siendo evaluados se encuentran:
El caso de Llinás ha despertado particular interés, dado que fue el responsable de la UIAF cuando Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, red que agrupa a las unidades de inteligencia financiera de 177 países.
“Debido a la publicación desautorizada de un documento prohibido, Egmont ha suspendido oficialmente a la UIAF de Colombia del acceso a su canal seguro”, señalaba el comunicado oficial divulgado en ese momento.
Según las fuentes, cada caso está siendo evaluado de forma individual, con base en reportes financieros, comunicaciones oficiales y vínculos indirectos con estructuras ilegales. Aunque no hay confirmaciones formales, se espera que nuevas inclusiones puedan producirse en las próximas semanas, lo que incrementaría la tensión diplomática entre ambos países.
El caso del ministro Palma estaría ligado a presuntos acercamientos con el régimen de Nicolás Maduro, señalado por Washington de participar en actividades de narcotráfico.
“Los equipos jurídicos de las agencias estadounidenses aún revisan la documentación antes de emitir un nuevo anuncio oficial”, precisó la fuente consultada por La FM.
De concretarse, estas nuevas inclusiones marcarían el mayor número de funcionarios de un gobierno colombiano sancionados simultáneamente en la historia de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
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