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El proceso judicial contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, continúa avanzando en medio de nuevas decisiones que podrían marcar un giro en el caso.
Durante la más reciente audiencia, el juez Hugo Carbonó admitió la declaración de varios testigos solicitados por la Fiscalía General de la Nación, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf, quienes podrían aportar información relevante sobre los hechos que se investigan.
“Este testigo está en condiciones de dar cuenta de todas las circunstancias de cómo conoció al señor Nicolás Petro, si adelantó reuniones con él, qué tipo de encuentros fueron y si se dio dinero o no”, explicó el juez al referirse a Benedetti.
Sobre Escaf, el despacho precisó que su testimonio busca establecer las relaciones sociales, políticas y económicas de Nicolás Petro con figuras como Benedetti y Máximo Noriega, así como su posible participación en la circulación de dineros entregados de manera irregular.
La defensa del exdiputado del Atlántico alegó que su cliente no asistió presencialmente a la diligencia debido a que su inclusión en la Lista Clinton le ha dificultado la compra de tiquetes aéreos, además de problemas de seguridad y financieros.
Por esas razones, la audiencia se realizó de forma virtual.
De acuerdo con el cronograma del proceso, el próximo 10 de noviembre la Fiscalía imputará nuevamente a Nicolás Petro por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, relacionados con supuestos hechos de corrupción durante su paso por la Asamblea del Atlántico.
Fuentes judiciales señalan que las nuevas acusaciones estarían vinculadas con el manejo de recursos públicos destinados a programas sociales para niños y adultos mayores en el departamento.
El proceso penal contra el hijo mayor del presidente Petro avanza en medio de fuertes cuestionamientos políticos y mediáticos, en tanto la defensa insiste en que no existen pruebas directas que lo vinculen con los delitos imputados inicialmente.
