La Defensoría del Pueblo confirmó que siete menores de edad reclutados por la estructura armada Estado Mayor Central (EMC) murieron durante un bombardeo de la Fuerza Pública contra un campamento ubicado en zona rural de Guaviare. La intervención militar estaba dirigida contra una unidad bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El presidente Gustavo Petro reconoció públicamente que autorizó la operación y justificó la decisión afirmando que, de no realizarse, un grupo de aproximadamente 150 hombres del EMC habría emboscado a soldados que se encontraban cerca del área. “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar a los 150 hombres de Iván Mordisco, entonces emboscan a 20 soldados jóvenes…”, expresó en X.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió que incluso en escenarios de hostilidades, los menores reclutados ilegalmente conservan una protección reforzada bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH). El organismo señaló que la Fuerza Pública debe adoptar “todas las precauciones factibles” para evitar daños desproporcionados, debido a los principios de humanidad, necesidad militar limitada y el interés superior de la niñez.

La situación también reavivó el debate por las posiciones previas del presidente Petro frente a operaciones similares. En 2019 y 2021, cuando era senador, calificó bombardeos con presencia de menores como “crímenes de guerra” y pidió la renuncia de altos mandos militares de la época.

El caso evidencia, además, la gravedad del reclutamiento forzado en departamentos como Guaviare, donde persisten estructuras armadas que involucran a niños, niñas y adolescentes en el conflicto. La Defensoría reiteró el llamado a proteger a la población civil y a reforzar acciones para prevenir nuevas violaciones al DIH en la zona.