El giro en la estrategia militar del Gobierno Nacional ha reabierto un debate que parecía cerrado desde el inicio del mandato. Aunque Gustavo Petro prometió eliminar los bombardeos en áreas donde existiera riesgo para la población civil —especialmente menores reclutados por grupos armados—, esta táctica reapareció en la recta final de su administración.

Las recientes operaciones, justificadas por el Gobierno como ataques contra estructuras delincuenciales, se han desarrollado en territorios históricamente golpeados por la guerra y bajo condiciones que bordean el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El cambio ha generado preocupación entre analistas y expertos en paz. Uno de ellos es Camilo González Posso, expresidente del Indepaz y exjefe negociador del Gobierno en los diálogos con disidencias de alias Calarcá. En conversación con El Colombiano, González Posso cuestionó abiertamente el viraje militar.

“El país está regresando a una estrategia que el propio presidente señaló durante años como evidencia del fracaso humanitario del Estado”, afirmó, al advertir que la administración está asumiendo una reinterpretación “peligrosa” del DIH para justificar los operativos.

El analista también señaló que estas acciones pueden tener repercusiones graves para comunidades rurales que históricamente han padecido el impacto desproporcionado del conflicto armado.

La discusión coincide con las recientes polémicas por operaciones en Guaviare y otras regiones, donde organizaciones defensoras de derechos humanos han reclamado mayor respeto por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.