Padres denuncian reclutamiento forzado, omisiones institucionales y falta de respuestas sobre la presencia de menores en el campamento atacado.

El drama de las familias de los siete menores que murieron en el reciente bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de las Farc, en zona rural del Guaviare, continúa sin resolverse. Desde la confirmación de Medicina Legal sobre la presencia de adolescentes entre las víctimas, padres y madres —en su mayoría indígenas— permanecen en Bogotá esperando la plena identificación de los cuerpos.

Uno de los casos más dolorosos es el de una niña indígena de 14 años, reclutada el 2 de enero. Su padre relató que hombres armados la engañaron con promesas de una “mejor vida”, aprovechando la ausencia estatal en el territorio. Según afirmó, su hija logró contactarlo meses después, pidió ayuda y envió ubicaciones en tiempo real, pero asegura que ni la Fiscalía ni el Ejército activaron un operativo de rescate.

El hombre sostiene que la información entregada pudo haber conducido a la ubicación del campamento donde posteriormente ocurrió el bombardeo. Aun así, afirma que nunca recibió respuesta formal sobre la denuncia por desaparición.

Diversas comunidades del Guaviare, Putumayo, Caquetá y Cauca han reportado incremento del reclutamiento forzado en los últimos meses. Líderes indígenas cuestionan la falta de protección estatal, así como la planificación de operaciones militares en zonas donde puede haber presencia de menores.

Mientras Medicina Legal avanza en la identificación de los cuerpos, las familias enfrentan una mezcla de duelo, incertidumbre y reclamos por responsabilidades institucionales antes, durante y después del operativo.