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En la audiencia realizada este martes en Barranquilla, la fiscal Lucy Marcela Laborde solicitó una medida de aseguramiento intramural para Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, al considerar que existen elementos suficientes que justificarían su detención preventiva mientras avanza uno de los dos procesos judiciales que enfrenta.
El exdiputado es investigado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. La semana pasada, Petro no aceptó los cargos imputados.
De acuerdo con la fiscal Laborde, Petro habría incidido indebidamente en la adjudicación de dos contratos suscritos por la Gobernación del Atlántico a favor de la Fundación FUCOSO, por valores de $400 millones y $572 millones.
Aunque como diputado no tenía facultades para contratar, la Fiscalía sostiene que poseía suficiente influencia política para direccionar decisiones a su conveniencia.
La fiscal citó que, dentro de la estructura expuesta en audiencias pasadas, la intervención de Petro habría incluido presuntas instrucciones a su entonces esposa, Day Vásquez, para establecer contactos y coordinar supuestas adecuaciones contractuales entre funcionarios de la Gobernación y directivos de la fundación.
Durante la diligencia, Laborde también advirtió irregularidades en la hoja de vida y en la declaración de renta del procesado, lo que —según dijo— fortalece la necesidad de una medida restrictiva de la libertad.
Además, reveló un hecho nuevo: aseguró haber recibido un poder firmado por Nicolás Petro que no debía llegar a su despacho y que mencionaba una noticia criminal en la que él no estaba formalmente vinculado. Para la Fiscalía, esto podría indicar un presunto acceso irregular a información reservada del proceso.
El juzgado deberá decidir si acoge la solicitud de la Fiscalía y ordena la detención de Nicolás Petro en un centro carcelario. Su defensa insiste en que no hay riesgo de obstrucción ni de fuga.
Mientras tanto, el caso sigue siendo uno de los de mayor impacto político nacional, dada la relación directa del procesado con el actual jefe de Estado.
