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Un proyecto de decreto impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podría obligar a plataformas como Airbnb a suspender temporalmente sus operaciones en Colombia a partir del 18 de diciembre. La iniciativa modifica el funcionamiento del Registro Nacional de Turismo (RNT) y exige que todos los prestadores —incluyendo viviendas turísticas, plataformas digitales y pequeños operadores— cumplan nuevos requisitos verificables para mantener su registro activo.
Actualmente, el RNT funciona bajo un esquema de declaración juramentada. El proyecto propone transformarlo en un sistema de preverificación administrativa, lo que implica cargas adicionales: certificaciones, pruebas de uso de suelo, cumplimiento de propiedad horizontal, interoperabilidad con bases de datos oficiales y autorizaciones expresas de propietarios.
En el caso de viviendas turísticas en propiedad horizontal, el reglamento deberá permitir explícitamente la actividad turística. Además, el RNT deberá quedar a nombre del propietario del inmueble, no de administradores ni arrendatarios.
Para los anfitriones, cumplir simultáneamente los requisitos del POT, la propiedad horizontal y los nuevos estándares operativos será difícil, especialmente con plazos tan cortos.
Las cifras dan dimensión del impacto: solo Medellín tiene 8.384 viviendas turísticas registradas, de las cuales el 69% son apartamentos. Para gremios y expertos, buena parte no podría obtener o renovar el RNT en los tiempos planteados, lo que obligaría a plataformas como Airbnb a retirar sus anuncios y suspender actividades.
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) advierte que el decreto impone cargas no contempladas en la ley vigente y que podrían hacer inviable cumplir los plazos de renovación desde el 18 de diciembre.
El proyecto contempla el Sistema de Verificación y Control del RNT (SVCRNT), conectado a entidades como Cámaras de Comercio, alcaldías, DIAN, Migración y Parques Nacionales. Con esta herramienta, las autoridades podrán:
Las plataformas también deberán garantizar que todos sus anfitriones tengan RNT vigente; de lo contrario, arriesgan multas e incluso perder su propio registro como prestadoras de servicios turísticos.
La Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga) advierte que el cambio regulatorio modifica de fondo los decretos 1074 y 1072 de 2015 sin suficiente socialización y con consecuencias directas para miles de microempresas del sector.
Según el gremio, pasar a un modelo más documentado y verificable podría saturar a las autoridades, aumentar la burocracia y desincentivar la formalización en un sector donde más del 60% aún opera de manera informal.
El temor central es que el decreto se implemente en plena temporada alta de fin de año, afectando ingresos, empleo, movilidad turística y la economía de los destinos.
