De las 32 gobernaciones del país, solo siete están lideradas por mujeres. Tres de ellas —Nubia Carolina Córdoba en Chocó, Rafaela Cortés en Meta y Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca— enfrentan hoy un escenario complejo marcado por el recrudecimiento de la violencia, el avance de grupos armados ilegales y limitaciones presupuestales para contener la crisis.

Las tres mandatarias coinciden en que el aumento del secuestro, la extorsión y los ataques a la Fuerza Pública ha impactado de forma directa a la población civil. Según el Ministerio de Defensa, los secuestros aumentaron un 118 % al corte de octubre, mientras que la extorsión continúa en ascenso desde 2020, con más de 10.000 casos reportados en el último año.

En Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba explicó que la disputa por rutas del narcotráfico, minería ilegal y control de los ríos —principales vías de movilidad del departamento— ha intensificado el conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo. Esta situación ha derivado en nueve paros armados en los últimos 18 meses, además de un riesgo permanente por minas antipersona en zonas rurales.

Córdoba calificó este escenario como una “emergencia traslapada”, agravada por las temporadas invernales, y aseguró que se requieren inversiones estructurales en desminado y tecnología para proteger a las comunidades.

En el Meta, la gobernadora Rafaela Cortés alertó sobre la presión de las disidencias de las Farc en corredores estratégicos y el aumento de delitos como la extorsión y las asonadas contra la Fuerza Pública. Aunque destacó avances en presencia militar, señaló que la extensión territorial del departamento y su condición de corredor de economías ilegales sigue representando un alto riesgo. Entre las alternativas, Cortés evalúa la implementación de una tasa de seguridad para fortalecer la capacidad operativa.

En el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro advirtió que, si bien existe coordinación con el Ministerio de Defensa, persisten vacíos de articulación con el Gobierno Nacional en materia de recursos y capacidades. Señaló que su administración ha invertido en logística, transporte e inhibidores de drones, pero insistió en que se requiere un mayor respaldo del nivel central para enfrentar a estructuras como la disidencia Jaime Martínez.

Las tres mandatarias también enfrentan tensiones políticas internas y cuestionamientos por sus gestiones, en un contexto en el que reclaman mayor presencia del Estado en las regiones. Coinciden en que, sin una respuesta integral del Gobierno Nacional, la crisis de seguridad seguirá afectando a las comunidades más vulnerables.

Con el ecuador de sus mandatos acercándose, el llamado es claro: mayor inversión, coordinación interinstitucional y acciones urgentes para frenar la violencia antes de que finalicen los gobiernos regionales en 2027.