El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que el partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) le otorgó su aval para aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026, luego de quedar por fuera de la consulta del Pacto Histórico.

Quintero había manifestado su intención de participar en ese mecanismo, pero su retiro previo del proceso le habría generado una posible inhabilitación, situación que ahora podría poner en entredicho la viabilidad jurídica de su candidatura, aun con el respaldo de un partido político.

Expertos en derecho electoral han advertido que el aval no necesariamente subsana eventuales restricciones legales, por lo que la inscripción de Quintero ante la Registraduría podría ser objeto de demandas o revisiones por parte de las autoridades electorales.

A la incertidumbre jurídica se suma una grave denuncia revelada por Luz María Sierra, directora del diario El Colombiano. Según explicó, una fuente calificada le aseguró que el pasado 1 de diciembre se habría presentado una oferta de 1.000 millones de pesos a cambio del aval político.

De acuerdo con la versión conocida, la persona que recibió la propuesta la rechazó de manera tajante, afirmando que “prefería dormir tranquilo que terminar en una cárcel”. Hasta el momento, no se conocen investigaciones formales sobre este señalamiento, pero la revelación ha generado inquietud en el ambiente político.

El caso de Daniel Quintero se da en un contexto de alta fragmentación y reacomodo de fuerzas políticas de cara a las presidenciales de 2026, donde distintos sectores buscan avales y coaliciones ante un panorama marcado por disputas internas, advertencias legales y denuncias públicas.

Por ahora, el futuro de la candidatura del exalcalde dependerá tanto de las decisiones que adopten las autoridades electorales como del desarrollo de las controversias que rodean su aspiración presidencial.