El Ministerio de Salud tiene plazo hasta el 31 de diciembre para expedir el decreto que definirá el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, el último ajuste que realizará el Gobierno de Gustavo Petro antes de que el país entre de lleno en la campaña electoral.

La UPC es el valor que el Estado gira anualmente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado, recursos con los que se financia la atención en salud. En un escenario marcado por demoras en citas, dificultades en la entrega de medicamentos y cierres de servicios hospitalarios, el ajuste de este rubro resulta determinante para la sostenibilidad del sistema.

De acuerdo con fuentes que han participado en reuniones técnicas entre el Ministerio, EPS y gremios del sector, el proceso de socialización de cifras ha sido más informativo que deliberativo. Según esas versiones, el Gobierno estaría evaluando un incremento apenas dos o tres puntos porcentuales por encima de la inflación, lejos de las solicitudes de los gremios.

La Andi pidió un aumento del 15,6 %, mientras que Acemi, que agrupa a las EPS del régimen contributivo, solicitó un ajuste del 17,33 %, argumentando que ese nivel es necesario para estabilizar financieramente el sistema. El presidente Gustavo Petro rechazó públicamente esas peticiones y aseguró que quienes piden un aumento de ese tamaño “quieren explotar y robar a Colombia”.

Durante los encuentros técnicos, el Ministerio habría expuesto que de cada $100 girados a las EPS por UPC se “pierden” $6,2, lo que equivaldría a cerca de $4,4 billones de los casi $71 billones que maneja el sistema. No obstante, según las fuentes consultadas, no se entregó el detalle técnico que sustentara esa afirmación.

El Gobierno también ha insistido en inconsistencias en la información reportada por las EPS, incluyendo presuntos pagos de servicios a afiliados fallecidos. Frente a esto, varias EPS habrían remitido documentación explicando los errores de interpretación y los ajustes realizados.

Para Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, el argumento fiscal no se sostiene: “Si el ministerio quisiera financiar un aumento significativo de la UPC, tiene de dónde sacar los recursos, pues el Congreso aprobó un incremento del 17 % en el presupuesto de salud”, señaló.

Por su parte, el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, advirtió que la decisión estará atravesada por el calendario político: “Ninguna acción del Gobierno de ahora en adelante va a estar por fuera del marco de la campaña de 2026, y el cálculo de la UPC también estará en ese contexto”.

A menos de un mes de que se venza el plazo legal, el país sigue sin claridad sobre si el aumento de la UPC será suficiente para evitar que la crisis del sistema de salud se profundice en 2026.