La decisión que ordenó la detención de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de corrupción en la **Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), provocó un nuevo choque institucional entre el presidente Gustavo Petro y la Rama Judicial.

Luego de que el mandatario afirmara en redes sociales que sus exministros no tuvieron garantías procesales, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia emitió un pronunciamiento en defensa de la independencia judicial.

El magistrado Hermes Darío Lara, presidente de la corporación, rechazó que se sugiera que los jueces actúan por motivaciones políticas y recordó que los procesos no se asignan de manera discrecional.

“No somos políticos, la Rama Judicial no tiene ascendiente político ni jerarquías. Las decisiones las toman los jueces y los procesos llegan por reparto aleatorio, no por asignación especial”, sostuvo.

Lara subrayó que la Constitución y la ley contemplan mecanismos claros para controvertir las decisiones judiciales, los cuales deben tramitarse por las vías institucionales correspondientes, y llamó a respetar el Estado de derecho.

Finalmente, insistió en que desde el Gobierno, la clase política y la ciudadanía debe mantenerse la confianza en el sistema judicial, recordando que los fallos hacen parte del ejercicio regular del poder judicial y no de disputas políticas.