El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro dejó en evidencia una contradicción en el discurso oficial sobre la financiación del sistema de salud.

Durante gran parte de 2025, el Ejecutivo y el Ministerio de Salud sostuvieron que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) era suficiente y que los problemas del sector obedecían al manejo de las EPS. Sin embargo, el decreto que declara la emergencia económica reconoce ahora que el Estado necesitará $3,3 billones adicionales en 2026 para cumplir una orden de la Corte Constitucional.

El alto tribunal había ordenado desde febrero el reajuste de la UPC al considerar que los recursos no alcanzaban para garantizar la atención en salud. Pese a ello, el Gobierno solicitó prórrogas, cuestionó el fallo y negó públicamente la crisis financiera del sistema.

El reconocimiento llega diez meses después del fallo y se utiliza como uno de los argumentos para justificar la emergencia económica, una figura que permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días.

Ahora será la Corte Constitucional la encargada de evaluar si la declaratoria de emergencia cumple con los requisitos constitucionales o si, por el contrario, se trata de una medida basada en una situación que el propio Gobierno había desconocido.