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Una compleja investigación liderada por agencias federales de Estados Unidos señala a la modelo colombiana Valentina Forero Álvarez, de 33 años y oriunda de Manizales, como presunta pieza clave de una red internacional de lavado de activos que habría movilizado más de US$2,9 millones provenientes del narcotráfico.
De acuerdo con documentos judiciales conocidos por medios nacionales, agentes de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional infiltraron a dos mensajeros de la red, quienes realizaban consignaciones en efectivo desde California hacia cuentas bancarias en Colombia, abiertas a nombre de empresas presuntamente controladas por la modelo.
La acusación, presentada ante una corte del Distrito Norte de Georgia, incluye cargos por conspiración y lavado de activos. En ella se citan chats, testimonios juramentados y operativos encubiertos que permitieron seguir el rastro del dinero y documentar reuniones con presuntos narcotraficantes.
En Colombia, la Fiscalía General de la Nación adelantó un proceso de extinción de dominio que derivó en la incautación de bienes avaluados en cerca de $7.000 millones, ubicados en Armenia, Cali, Jamundí y Sevilla (Valle del Cauca). Entre los activos figuran viviendas de alto valor, vehículos de gama alta y establecimientos comerciales, como una heladería y empresas de comercio.
Según la investigación, la red utilizaba documentos falsos, consignaciones fraccionadas y múltiples sucursales bancarias para evadir los controles financieros en Estados Unidos. Incluso, se reportó el hallazgo de pasaportes y documentos fraudulentos ocultos dentro de una biblia, así como la incautación de grandes sumas de dinero y drogas en operativos posteriores.
La defensa de Forero Álvarez, encabezada en Colombia por el penalista Carlos Andrés Moncayo, aseguró que discrepa de las cifras presentadas por la Fiscalía y sostuvo que en el expediente estadounidense se habla de montos menores y sin una mención directa al narcotráfico. Desde su extradición en mayo de 2025, allegados a la modelo insisten en que se trata de una empresaria y “tercera de buena fe”.
El proceso judicial continúa tanto en Estados Unidos como en Colombia, mientras las autoridades avanzan en la identificación de otros posibles integrantes de la red criminal.
