La Procuraduría General de la Nación se abstuvo de abrir investigación disciplinaria contra la defensora del Pueblo, Iris Marín, tras una denuncia interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la acusó de presunta injuria y calumnia.

La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, que concluyó que las expresiones de la defensora —realizadas en entrevistas y pronunciamientos públicos— no constituyen imputaciones falsas, sino valoraciones y opiniones basadas en información difundida por medios y actuaciones judiciales conocidas.

Entre los elementos citados por la Procuraduría están los reportes periodísticos sobre una denuncia por presunta violencia intrafamiliar presentada en España, así como la denuncia por presunta violencia de género hecha por Laura Sarabia. También se tuvo en cuenta el llamado a juicio ordenado en febrero de 2025 por la Corte Suprema de Justicia contra Benedetti, por tráfico de influencias en el caso Fonade.

En su análisis, el ente de control señaló que no se configuró una afectación real y efectiva al buen nombre del ministro, y recordó que, conforme a la jurisprudencia, quienes ejercen cargos públicos deben soportar un mayor escrutinio ciudadano y mediático.

Finalmente, la Procuraduría enfatizó que la libertad de expresión protege opiniones críticas cuando estas se sustentan en hechos verificables y en debates de interés público, especialmente en contextos de control democrático.