Menu
La periodista Ana Bejarano Ricaurte publicó la columna “La familia DMG”, un texto que vuelve a poner bajo escrutinio público los nexos del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella con el caso DMG, esquema financiero ilegal que afectó a miles de colombianos, especialmente de sectores populares, a finales de la década del 2000.
La columna parte del reconocimiento al pódcast DMG, el sueño de la hormiga, narrado por Félix de Bedout, para contextualizar el impacto social del fenómeno DMG y analizar por qué figuras públicas y profesionales del derecho terminaron vinculadas a su defensa. En ese marco, Bejarano cuestiona la participación de De la Espriella como abogado y vocero de David Murcia Guzmán, así como las explicaciones posteriores sobre su renuncia al caso.
El texto recuerda videos de la época en los que el abogado defendía públicamente la legalidad del modelo de DMG y rechazaba la intervención ordenada durante el gobierno de Álvaro Uribe. También retoma audiencias judiciales en las que se presentaron audios sobre presuntas gestiones políticas, así como reuniones reconocidas por el propio De la Espriella con los entonces senadores Roberto Gerlein y Jorge Visbal, hechos que la autora considera aún insuficientemente aclarados.
La columna cita además declaraciones posteriores de Murcia Guzmán, recogidas por el periodista Iván Serrano en una entrevista para la revista Cambio, en las que el exlíder de DMG cuestiona la actuación de su antiguo abogado.
Más allá del episodio judicial, el texto plantea un debate de fondo sobre la ética pública, la memoria política y la responsabilidad de los aspirantes a cargos de elección nacional frente a su pasado. Bejarano sostiene que estos antecedentes no pueden ser minimizados ni tratados como anécdotas, especialmente en un contexto electoral donde el discurso anticorrupción ocupa un lugar central.
La publicación ha generado reacciones encontradas en redes sociales: mientras simpatizantes de De la Espriella califican la columna como un ataque político, otros sectores la defienden como un ejercicio legítimo de periodismo crítico y de control al poder. El debate, lejos de cerrarse, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave para el electorado colombiano: ¿Qué peso debe tener el pasado público de quienes aspiran a gobernar el país?
