

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella emitió una respuesta pública en tono contundente luego de los cuestionamientos que le formuló el general (r) Óscar Naranjo en una entrevista, en un nuevo episodio de confrontación política en el contexto electoral de 2026.
En su pronunciamiento, De la Espriella abrió señalando que le “cuesta responder” debido al respeto que manifiesta por la institución policial de la que Naranjo fue director. Sin embargo, sostuvo que el general tendría “prejuicios” contra los abogados penalistas, y defendió la función de la defensa técnica en cualquier procedimiento judicial.
De la Espriella afirmó que la labor de captura y judicialización realizada por la Policía depende de la legalidad procesal y del respeto por el debido proceso, el cual —según indicó— se garantiza con la intervención de un defensor.
Incluso, argumentó que sin defensa jurídica los procesos terminarían en “linchamientos” y no en juicios justos, reiterando su posición sobre el papel estructural del derecho penal dentro del sistema democrático.
No obstante, la respuesta del aspirante elevó el tono cuando mencionó señalamientos históricos contra Naranjo y planteó que el general habría acudido a abogados ante acusaciones públicas en su contra.
De la Espriella también arremetió contra el gobierno del que Naranjo fue vicepresidente, afirmando que dicho Ejecutivo “arrodilló al Estado” frente al narcoterrorismo en un “falso proceso de paz”, señalando además que se afectó a las víctimas por supuesta falta de verdad, justicia y reparación.
Otro de los puntos centrales del mensaje fue la insinuación de que Óscar Naranjo estaría actuando bajo órdenes o misiones del establecimiento político tradicional para impedir que De la Espriella llegue a la Presidencia.
En uno de los apartados más llamativos, el precandidato aseguró:
“La alianza más importante ya la hice, con Dios y el pueblo colombiano, y nada podrá evitar el triunfo del Tigre y su manada”.
Finalmente, De la Espriella citó al jurista Francesco Carrara en defensa del derecho penal y del rol del abogado en la legalidad del Estado.
La controversia ha desatado debate en redes sociales, entre quienes consideran que la respuesta fue legítima y quienes la califican como un ataque político que incrementa la tensión electoral del país.
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