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A tan solo dos días de que entre en vigor la Ley de Garantías, el Gobierno Nacional aprobó la creación de 800 nuevos cargos en Colpensiones, una decisión que reactivó el debate sobre el crecimiento de la burocracia estatal en el inicio del calendario electoral.
La determinación quedó oficializada mediante el Decreto 0076 del 27 de enero de 2026, publicado en el Diario Oficial, con el cual se modifica la planta de personal de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), entidad adscrita al Ministerio del Trabajo.
El documento señala que la ampliación de la planta se adopta en el marco de la política de formalización del empleo público, contemplada dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Colpensiones, tras un análisis institucional, concluyó que requería crear 800 empleos con vocación de permanencia, con el objetivo de responder a necesidades administrativas, comerciales y operativas.
La norma modifica parcialmente el artículo segundo del Decreto 310 de 2017, que regulaba la estructura de cargos de la entidad.
La controversia fue impulsada por el exconcejal y candidato a la Cámara Daniel Briceño, quien cuestionó el momento de la decisión, a escasos días de que empiece a regir la Ley de Garantías, norma que limita movimientos administrativos para evitar el uso político de los recursos públicos.
En medio de la discusión, la creación de estos cargos coincide con denuncias sobre despidos acelerados en distintas entidades estatales en la misma semana.
Desde el sindicato Sintracolpen ya se venía alertando sobre el proceso, y este miércoles se registró una protesta en Bogotá.
En su pronunciamiento público, el sindicato exigió que la ampliación de la planta no derive en prácticas discrecionales, y reclamó:
“Sintracolpen seguirá exigiendo procesos de selección transparentes, cumplimiento de la convención colectiva de trabajo y la defensa del mérito de los trabajadores que llevamos años en la entidad”.
La discusión se suma a otros casos recientes:
En este contexto, el caso Colpensiones se convierte en un nuevo punto de tensión, especialmente porque ocurre en paralelo a la incertidumbre que aún rodea el futuro de la reforma pensional, uno de los proyectos más sensibles del Gobierno.
