Menu
En una columna publicada en el diario El Tiempo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras denunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría intensificando el uso del aparato estatal con fines electorales, a través de contratación masiva, ampliaciones de planta y medidas económicas que calificó como populistas.
El dirigente afirmó que “ninguna entidad puede escapar al modo campaña”, y aseguró que existiría una estrategia “clara y contundente” para fortalecer estructuras políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Vargas Lleras basó parte de su denuncia en cifras sobre presuntas expansiones de personal en entidades públicas, señalando que en las últimas semanas se habrían incrementado cargos en:
Según el exvicepresidente, el costo de estos aumentos en funcionamiento superaría los $600.000 millones, dinero que calificó como destinado a “corbatas electorales”.
En su texto, Vargas Lleras cuestionó además que se habrían firmado miles de contratos pocos días antes de la vigencia de la Ley de Garantías, mencionando que serían alrededor de 6.000 contratos en varias entidades.
De acuerdo con su columna, entre los ministerios con mayor contratación estarían MinMinas, con 883 contratos, y el Ministerio de Ambiente, con 720, cifras que —según él— contrastan con crisis en sectores como salud, obras públicas y capacidad operativa de la Fuerza Pública.
El dirigente también criticó una serie de anuncios recientes del Ejecutivo, entre ellos:
En su análisis, Vargas Lleras aseguró que este tipo de anuncios estarían diseñados para generar impacto político inmediato.
Otro de los puntos de la columna fue el cuestionamiento a la falta de acciones por parte de organismos de control. Vargas Lleras mencionó a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, afirmando que habría “silencio absoluto” frente a posibles conductas irregulares relacionadas con intervención en política y contratación pública.
En su texto también hizo comparaciones con procesos políticos en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba, advirtiendo que Colombia podría enfrentar un deterioro institucional si no se establecen límites claros al uso político del Estado.
La columna ha generado reacciones en distintos sectores y se suma a la creciente polémica por contrataciones y movimientos administrativos en entidades públicas, en medio del ambiente electoral de 2026.
