Menu
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa presentada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte con el objetivo de fortalecer la supervisión del servicio de movilidad en el país.
La propuesta, sin embargo, generó fuertes reacciones por parte del sector digital, que advierte que su contenido podría afectar el funcionamiento de las aplicaciones de transporte con vehículos particulares, así como los ingresos de miles de hogares que dependen económicamente de esta actividad.
El pronunciamiento más contundente fue emitido por el gremio Alianza In Colombia, que agrupa compañías del ecosistema digital y tecnológico. Según el sector, el proyecto buscaría volver inviables las plataformas de movilidad a través del endurecimiento del régimen sancionatorio.
De acuerdo con datos entregados por el gremio, en Colombia existirían más de 1,2 millones de cuentas de conductores que generan ingresos mediante plataformas de movilidad, y más de 21 millones de usuarios que las usan de forma habitual.
El gremio sostiene que el proyecto convertiría una actividad que hoy opera en un marco de indefinición regulatoria en una actividad expresamente ilegal, pese a que fallos previos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca han señalado la necesidad de avanzar en una regulación clara.
En particular, Alianza In Colombia cuestionó el alcance sancionatorio del articulado, ya que este permitiría:
Otro de los puntos polémicos es que la responsabilidad sancionatoria no recaería únicamente sobre conductores y plataformas, sino que podría extenderse a terceros, entre ellos:
Según el gremio, esto generaría restricciones privadas por temor a sanciones, afectando el uso del servicio incluso en contextos cotidianos.
“El efecto no es solo regulatorio. Inmovilizar un vehículo durante semanas o meses implica cortar de tajo el ingreso de una familia”, afirmó José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia.
Desde el sector insisten en que Colombia requiere una regulación moderna, con supervisión estatal y reglas claras, pero sin cerrar la puerta a la innovación, ni afectar derechos como el trabajo y la movilidad.
Por ahora, el Proyecto de Ley 347 de 2026 inicia su trámite en el Congreso, donde se prevé un debate de fondo sobre el futuro de las plataformas de movilidad y el modelo de transporte digital que adoptará el país.
