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La Fiscalía avanza en la identificación de los responsables del ataque armado ocurrido en la vía Tame–Fortul, que dejó dos escoltas muertos.
Un equipo especial de la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación del atentado armado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, ocurrido el pasado 5 de febrero en la vía que comunica a los municipios de Tame y Fortul, en el departamento de Arauca.
De acuerdo con las primeras pesquisas, los escoltas Wilmer Antonio Leal, conductor adscrito a la UNP, y Esmeli Manrique, integrante de la Policía Nacional, fueron asesinados tras un ataque con ráfagas de fusil contra el vehículo blindado en el que se movilizaban. El atentado quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y se convirtió en pieza clave de la investigación.
Documentos de inteligencia militar conocidos por las autoridades indican que el atentado habría sido ordenado por alias Raúl o Nacho, actual comandante político-militar del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional.
Este cabecilla habría asumido el liderazgo de la estructura en Arauca desde 2021, luego de que alias Pablito ascendiera al Comando Central del grupo armado. Desde entonces, alias Raúl coordinaría acciones armadas y políticas del ELN en la región, principalmente desde territorio venezolano.
Bajo su mando estarían al menos ocho cabecillas regionales, entre ellos alias Dumar Guevara, Indio, El Poeta, Malverde, Pedro Pablo, Vallenato y Cura, quienes lideran subestructuras del Frente de Guerra Oriental en Arauca y zonas vecinas.
El pasado 10 de febrero, el ELN emitió un comunicado asumiendo la responsabilidad del atentado, hecho que generó un rechazo generalizado y llevó al Gobierno Nacional a ofrecer una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
Según estimaciones de inteligencia del Ejército, el Frente de Guerra Oriental del ELN cuenta con cerca de 1.421 combatientes, distribuidos en cinco frentes territoriales, compañías móviles y estructuras urbanas. Su accionar se extiende desde Arauca hasta zonas del Catatumbo, donde mantiene disputas con disidencias de las Farc.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y judicializar a los responsables de uno de los ataques más graves contra un esquema de protección en el actual contexto electoral.
