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Luz María Sierra, directora del diario El Colombiano, formuló una dura crítica al presidente Gustavo Petro por la gestión del tema del gas en Colombia, que según ella ha favorecido intereses privados y debilitado la exploración nacional de este recurso energético.
En declaraciones públicas, Sierra cuestionó las frecuentes visitas de Petro al gobierno de Venezuela y la insistencia en importar gas desde ese país, al tiempo que criticó que no se hayan impulsado mayores inversiones en exploración interna de gas, lo que —a su juicio— habría contribuido a que las tarifas para los usuarios se incrementaran.
En su intervención, Sierra planteó una pregunta clave: si estas decisiones se habrían tomado “para armarle el negocio a su compadre Danilo Romero”, vinculando políticamente al mandatario con decisiones estratégicas del sector energético.
La preocupación informativa se intensificó tras reportes periodísticos que revelan que Ingrid Carolina Plata Navas, esposa de Danilo Romero —quien a su vez es compadre del presidente Petro y ha sido contratista vinculado a empresas como PDVSA—, ha suscrito tres contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que suman $719.321.778 pesos.
Los contratos fueron adjudicados por contratación directa y, según la Presidencia de la República, responden a funciones de apoyo logístico y organizacional en la agenda oficial y eventos de protocolo. La entidad gubernamental defendió la legalidad de estas contrataciones, explicando que este tipo de labores también se han dado en administraciones anteriores y que bajo esta estructura se redujeron gastos generales.
La denuncia de Sierra ha avivado el debate sobre la gestión de recursos estratégicos como el gas en Colombia y la transparencia en la contratación de personas vinculadas al círculo cercano del Ejecutivo. Organizaciones políticas y analistas han señalado la necesidad de mayor claridad y mecanismos de control que eviten percepciones de conflicto de interés en procesos estatales.
