Un memorando de entendimiento firmado en junio de 2025 entre Colombia y Turquía encendió la controversia en torno al contrato para implementar el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto estimado en 1.681 millones de dólares (aproximadamente $6,2 billones).

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, el documento antecedería el interés de la empresa turca MKE Corporation en vender el sistema “Tolga”, una plataforma semimóvil contra drones. Esto contrasta con declaraciones públicas del ministro de Defensa, quien sostuvo que el proceso inició formalmente el 16 de enero de 2026 con una reunión abierta a oferentes.

El debate se amplió tras conocerse que Carlos Alberto Dada, empresario y excuñado del hermano del ministro del Interior, se reunió en diciembre con la viceministra de Defensa, Angélica Verbel. Tanto Dada como Camilo Benedetti han negado cualquier gestión o interés en el contrato.

Desde el Ministerio de Defensa indicaron que la información del proyecto tiene reserva legal, y que las reuniones sostenidas no implican compromiso contractual alguno.

El contrato busca responder a una amenaza creciente: más de 860 acciones violentas con drones en los últimos cinco años, atribuidas a disidencias, el ELN y el Clan del Golfo.

El caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre transparencia en la contratación pública y seguridad nacional.