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Una nueva controversia política se desató luego de que el presidente Gustavo Petro respaldara públicamente las denuncias de presunto fraude electoral realizadas por Natalí Carmona Giraldo en una transmisión oficial.
Durante su intervención, la mujer afirmó que en 2022 presenció supuestas irregularidades en un proceso de diligenciamiento de formularios electorales, señalando restricciones en el ingreso de celulares y directrices para no divulgar información.
Horas después, el candidato a la Cámara Daniel Briceño aseguró que Carmona habría firmado contratos con el Gobierno Nacional por más de $300 millones, con entidades como el Departamento de Prosperidad Social y la Unidad de Planeación Minero Energética.
Según la denuncia, los contratos superarían los $379 millones.
En medio de la controversia, la Registraduría, la Procuraduría, la Contraloría y la MOE han reiterado que no existe evidencia técnica que confirme un fraude estructural en el sistema electoral colombiano.
El mandatario, por su parte, ha insistido en la necesidad de investigar posibles irregularidades, mientras sectores políticos advierten sobre el impacto que estos señalamientos pueden tener en la confianza pública frente a las elecciones.
