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Un reporte basado en datos oficiales revela más de 80.000 contratos con organizaciones comunitarias y cuestiona el avance de las obras. La figura fue parcialmente tumbada por la Corte Constitucional.
Un informe basado en una respuesta oficial a un derecho de petición, divulgado por el diario El Tiempo, reveló que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha firmado contratos por más de 31 billones de pesos mediante esquemas de contratación directa con organizaciones comunitarias.
De acuerdo con los datos entregados por Colombia Compra Eficiente, durante este Gobierno se han suscrito 80.734 contratos con juntas de acción comunal, asociaciones comunales, cabildos, resguardos indígenas y consejos comunitarios.
Estos contratos se enmarcan en la figura de las denominadas Asociaciones Público-Populares, contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo de 2023. Sin embargo, los artículos que las sustentaban fueron posteriormente declarados inexequibles por la Corte Constitucional.
El alto tribunal consideró que el Gobierno se extralimitó en su potestad reglamentaria al introducir nuevas formas de contratación directa sin una delimitación clara, lo que podría afectar principios como la transparencia y la libre competencia.
En cuanto a la ejecución de los recursos, el informe indica que una parte significativa de los contratos se encuentra en estados como “en ejecución”, “modificado” o “celebrado”, mientras que una proporción menor ha sido finalizada.
Por ejemplo, de más de 55.000 contratos con asociaciones comunales, solo cerca del 13% aparecen como terminados.
El modelo también ha sido objeto de críticas por parte de entidades como la Contraloría y la Cámara Colombiana de Infraestructura, que han advertido sobre riesgos en la ejecución de obras y posibles impactos en la calidad de los proyectos.
Uno de los casos señalados es el programa de vías rurales “Caminos para la Paz”, donde el avance ha sido inferior a lo proyectado, alcanzando apenas una fracción de la meta inicial.
Desde sectores críticos se ha cuestionado que este tipo de contratación pueda limitar la competencia y abrir la puerta a riesgos de corrupción, mientras que el Gobierno ha defendido el enfoque como una estrategia para fortalecer la economía popular y la participación comunitaria.
El tema se mantiene en el centro del debate público, en medio de discusiones sobre transparencia, eficiencia y modelos de contratación estatal en Colombia.
