Más de 80.000 contratos con organizaciones comunitarias están bajo la lupa por su ejecución y los mecanismos de asignación.

Una investigación periodística reveló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha firmado más de 80.000 contratos directos con organizaciones comunitarias, por un valor superior a los $31 billones.

Los recursos fueron entregados a juntas de acción comunal, cabildos indígenas, resguardos y asociaciones comunales a través de esquemas de contratación directa, sin procesos de licitación pública.

De acuerdo con los datos conocidos, una parte significativa de estos contratos presenta bajos niveles de ejecución. Muchos se encuentran en estado “en ejecución”, “modificado” o “celebrado”, mientras que una proporción menor ha sido finalizada.

El caso ha generado alertas por parte de organismos de control como la Contraloría General de la República, que ha advertido dificultades en la trazabilidad de los recursos y en la materialización de obras, especialmente en programas de infraestructura rural.

Uno de los ejemplos más señalados es el programa de vías terciarias, donde los avances reportados están muy por debajo de las metas planteadas.

Desde el punto de vista jurídico, expertos coinciden en que la discusión no se centra en los beneficiarios —organizaciones comunitarias con reconocimiento legal— sino en los mecanismos utilizados para asignar y ejecutar los recursos.

Advierten que, sin controles robustos, este tipo de esquemas puede generar riesgos de opacidad, baja eficiencia e incluso instrumentalización política, especialmente en un contexto electoral.

Aunque no se ha determinado ilegalidad en la contratación, el volumen de recursos y los niveles de ejecución han intensificado el debate sobre la transparencia y el control del gasto público en Colombia.