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La adjudicación directa del contrato y las relaciones alrededor de la fundación abren un debate ético en plena coyuntura electoral.
La firma de un contrato por $4.836 millones entre la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y el Ministerio de Minas y Energía ha desatado una fuerte controversia en Colombia, en medio de cuestionamientos que van más allá de lo jurídico y se instalan en el terreno político y ético.
El contrato fue adjudicado bajo la modalidad de contratación directa, sin licitación pública, y contempla una ejecución de 11 meses. Su valor representa un incremento cercano al 800% frente a los ingresos reportados por la fundación en 2025, lo que ha despertado inquietudes sobre la dimensión y oportunidad de la contratación.
Sin embargo, el elemento que más ha intensificado el debate es la secuencia de hechos posteriores. Semanas después de la firma, el director de Pares, León Valencia, anunció la publicación de un libro sobre el senador Iván Cepeda, figura cercana al Gobierno nacional y posible candidato presidencial.
A este contexto se suma la participación de Sofía Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, quien hace parte de la fundación y actualmente figura como columnista, así como la cercanía del congresista Ariel Ávila, socio político de Valencia y reconocido por su postura crítica frente a la corrupción.
Si bien no existe evidencia de ilegalidad en estos hechos de manera individual, su coincidencia en el tiempo ha generado cuestionamientos en distintos sectores sobre la independencia de la fundación y la coherencia de sus líderes frente al discurso que han defendido durante años.
Pares, junto a figuras como Valencia y Ávila, ha sido referente en temas de control social, participación ciudadana y denuncia de prácticas irregulares. Por ello, el debate actual se centra en una pregunta de fondo: ¿puede mantenerse la credibilidad en la lucha contra la corrupción cuando se perciben cercanías con el poder político y beneficios derivados de la contratación estatal?
En medio de un contexto electoral, el caso reabre la discusión sobre los límites entre la independencia, la influencia política y la coherencia en el ejercicio del control ciudadano en Colombia.
