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El ente de control advierte que la emergencia en el río Sinú no fue un evento imprevisible, sino un riesgo previamente identificado
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria formal contra Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por presuntas omisiones en el control y seguimiento de la Central Hidroeléctrica Urrá.
La decisión se basa en un informe preventivo del Ministerio Público, en el que se concluye que la emergencia registrada en febrero tras el desbordamiento del río Sinú no fue un fenómeno natural imprevisible, sino la materialización de un riesgo que ya había sido advertido.
De acuerdo con el documento, la empresa Urrá S.A. E.S.P. habría incurrido en incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental, al operar el embalse por encima de los niveles permitidos, priorizando la generación de energía sobre la regulación de caudales para prevenir inundaciones.
El informe también señala fallas en la gestión del riesgo, deficiencias en los sistemas de alerta temprana y una presunta reacción tardía por parte de las autoridades encargadas de la vigilancia.
En este contexto, la Procuraduría cuestiona el papel de la ANLA, indicando que su actuación habría sido “tardía y reactiva” frente a incumplimientos que ya habían sido detectados desde 2024.
Además de Vélez, la investigación incluye a funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y directivos de la empresa Urrá.
El desbordamiento del río Sinú dejó más de 200.000 personas damnificadas en los departamentos de Córdoba y Sucre, convirtiéndose en una de las emergencias más graves del año.
El proceso disciplinario buscará establecer si existieron responsabilidades por omisión en el control, vigilancia y prevención del riesgo, en un caso que reabre el debate sobre la gestión ambiental y la seguridad en proyectos hidroeléctricos en Colombia.
