Menu
La medida, solicitada por el Gobierno, tendrá una vigencia inicial de seis meses y busca facilitar negociaciones con estructuras criminales.
La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas del crimen organizado en Medellín, en el marco de los diálogos de la política de “paz total” promovida por el Gobierno Nacional de Colombia.
La decisión, oficializada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, tendrá una duración inicial de seis meses y podrá ser prorrogada dependiendo de los avances en las negociaciones.
De acuerdo con el documento, la medida busca fortalecer el llamado Espacio de Conversación Sociojurídico que se desarrolla desde 2023 en la cárcel de Itagüí, orientado a la desarticulación de estructuras criminales, la transformación de economías ilícitas y la reducción de la violencia urbana.
Entre los beneficiados se encuentran varios de los principales voceros de estas organizaciones, algunos de los cuales permanecen privados de la libertad, mientras que otros ya han recuperado su libertad en los últimos años.
En total, siete de los cabecillas incluidos en la medida se encuentran actualmente en libertad, lo que ha generado cuestionamientos en distintos sectores. Según versiones conocidas, algunos de ellos incluso habrían salido del país.
La decisión también ha generado debate por el momento en que se adopta, en medio de la campaña presidencial, lo que ha despertado suspicacias sobre sus posibles implicaciones políticas y de seguridad.
Desde el Gobierno se defiende la medida como un paso necesario para avanzar en la pacificación del Valle de Aburrá, mientras que críticos advierten sobre los riesgos que podría implicar en términos de control territorial y criminalidad.
El caso reabre la discusión sobre los alcances y límites de la estrategia de paz urbana en Colombia, así como el equilibrio entre negociación y justicia.
