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El exdirector de la DNI aseguró que los encuentros fueron oficiales y negó haber negociado beneficios judiciales, aunque reveló nuevos detalles que aumentan la polémica.
En medio del escándalo por los audios que evidencian reuniones entre funcionarios del Gobierno y el entorno de Diego Marín, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, salió a defender su actuación y entregó su versión de los hechos.
En entrevista radial, Lemus afirmó que los encuentros con el abogado del señalado contrabandista fueron oficiales y en el marco institucional, con el propósito de facilitar su regreso al país y promover su colaboración con la justicia.
Según explicó, las reuniones se realizaron en su despacho y respondieron a una misión de trabajo.
“No fue una cosa por debajo”, aseguró, insistiendo en que no se trató de negociaciones clandestinas.
El exfuncionario también negó haber ofrecido beneficios judiciales, aunque reconoció que en las conversaciones se abordaron temas como extradición, cooperación con la justicia y el marco legal vigente.
Lemus señaló que la legislación colombiana permite, bajo ciertas condiciones, suspender órdenes de extradición cuando existe colaboración efectiva con las autoridades, aunque aclaró que estas decisiones corresponden exclusivamente a instancias judiciales.
Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones fue la afirmación de que Marín habría ofrecido inicialmente 5.000 millones de pesos para la campaña presidencial, cifra que posteriormente habría ascendido a 10.000 millones.
Según Lemus, el presidente Gustavo Petro ordenó no aceptar dichos recursos.
El exdirector de la DNI también aseguró que el señalado contrabandista tendría información comprometedora sobre presuntos vínculos de políticos y miembros de la fuerza pública con redes de contrabando.
Finalmente, expresó su preocupación por su seguridad tras la filtración de los audios:
“Temo por mi vida y por la de mi familia”, afirmó.
Las declaraciones de Lemus se suman a la confirmación del presidente sobre la existencia de “contactos de inteligencia” con el entorno de Marín, lo que ha intensificado el debate sobre los límites de la inteligencia estatal y su papel en este tipo de acercamientos.
El caso continúa en desarrollo y podría derivar en nuevas investigaciones judiciales y disciplinarias.
