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Una investigación periodística revela los nombres clave en los contactos que buscaban gestionar beneficios judiciales para el señalado contrabandista.
El escándalo por los audios revelados sobre reuniones entre funcionarios del Gobierno y el entorno de Diego Marín sigue creciendo. Ahora, salen a la luz los principales actores que habrían participado en estos acercamientos.
Según la investigación, al menos cuatro emisarios habrían sido utilizados para establecer comunicación con el abogado del señalado contrabandista, con el objetivo de facilitar su eventual entrega y explorar beneficios judiciales.
Uno de los principales mencionados es Ramón Devesa, ciudadano español y estratega digital, quien habría servido como canal de comunicación entre el entorno del Gobierno y Marín. En los audios, se le señala como uno de los delegados que habría sido enviado a España.
Otro nombre es el de Isaac Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), quien habría participado en reuniones en territorio europeo. Según los registros, en estos encuentros se discutieron posibles escenarios de cooperación.
También aparece Gloria Arias, exfiscal y abogada vinculada a la defensa de Marín, quien tendría cercanía con funcionarios del Gobierno y habría facilitado contactos.
El listado incluye además a Alexander López, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, mencionado como intermediario para enviar mensajes al entorno del contrabandista.
Finalmente, destaca Jorge Lemus, entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien sostuvo reuniones directas con el abogado de Marín y en los audios aparece dialogando sobre posibles salidas jurídicas.
De acuerdo con la investigación, los emisarios habrían intentado persuadir a Marín para que se sometiera a la justicia colombiana bajo condiciones favorables, incluyendo:
Uno de los puntos más polémicos es la insinuación de que se podrían gestionar acercamientos con la Fiscalía para favorecer su proceso, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre posibles extralimitaciones.
El escándalo revive las denuncias sobre una presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2022, señalamiento que ha sido negado por el presidente Gustavo Petro.
Por ahora, el caso continúa en desarrollo y podría derivar en investigaciones formales que determinen responsabilidades.
