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El presidente deberá corregir sus declaraciones en un plazo de tres días y abstenerse de cuestionar el sistema electoral sin evidencia verificable.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar públicamente sus afirmaciones sobre presuntos fraudes electorales en Colombia, al considerar que no cuentan con sustento probatorio.
La decisión judicial establece que el mandatario tendrá un plazo máximo de tres días para aclarar sus declaraciones, publicadas en la red social X, sobre supuestas irregularidades en las elecciones de 2014, 2022 y las legislativas de 2026.
Asimismo, le prohíbe emitir nuevos cuestionamientos sobre la confiabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral sin evidencia “empírica verificable”.
El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano concluyó que las declaraciones del jefe de Estado carecen de una fundamentación “sólida y razonable” y pueden afectar el derecho colectivo a la confianza en el sistema electoral.
El fallo advierte que este tipo de afirmaciones, cuando provienen de la Presidencia, pueden generar efectos negativos en la estabilidad institucional y en la legitimidad de los procesos democráticos.
La decisión cobra mayor relevancia en el contexto electoral, ya que el Tribunal ordena al mandatario abstenerse de hacer señalamientos sobre fraude de cara a las elecciones presidenciales de mayo y junio de 2026, salvo que existan pruebas verificables.
Además, se le recordó su deber constitucional de respetar la independencia de las autoridades electorales.
El proceso se originó en una acción popular presentada por el abogado Ramiro Bejarano, quien argumentó que las declaraciones del presidente podían afectar el orden institucional.
Bejarano señaló que la libertad de expresión no es absoluta y que no puede utilizarse para poner en duda la transparencia del sistema electoral sin evidencia.
El Tribunal también citó informes internacionales, como los de la misión de observación de la Unión Europea, que han calificado recientes procesos electorales en Colombia como confiables.
La decisión marca un precedente sobre los límites del discurso institucional en medio de escenarios de alta polarización política.
