La investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro ha concluido, arrojando resultados que podrían tener importantes implicaciones para el actual mandatario. Según el informe final, revelado por el periodista Daniel Coronell en La W Radio, la campaña de Petro habría violado los topes de financiación por más de 5.300 millones de pesos.

El CNE, liderado en esta investigación por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, determinó que la campaña no solo excedió los límites permitidos, sino que también recurrió a fuentes prohibidas tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial.

Este desenlace llega después de que el Consejo de Estado facultó al CNE para investigar posibles violaciones a los topes de la campaña de Gustavo Petro, pero sin otorgarle la potestad de destituirlo de su cargo. Las irregularidades detectadas incluyen un sobrepaso de 3.700 millones de pesos en la primera vuelta y de 1.600 millones de pesos en la segunda vuelta.

Entre los hallazgos más destacados se encuentra la omisión en el reporte de hasta 500 millones de pesos provenientes de Fecode, que el Pacto Histórico sostiene fue una donación a la Colombia Humana. Además, el informe revela que no se reportó un préstamo de 500 millones de pesos otorgado por el Polo Democrático Alternativo, ni el pago de 931 millones de pesos a testigos electorales. Asimismo, se omitió la declaración de gastos por propaganda electoral por un valor de 356 millones de pesos.

Otras irregularidades incluyen el no reporte de 356 millones de pesos en gastos publicitarios con Caracol Televisión y de 202 millones de pesos pagados a Ingenial Media, empresa dirigida por Xavier Vendrell, para la operación de testigos electorales. Además, la campaña no reportó más de 1.200 millones de pesos en vuelos privados proporcionados por la Sociedad Aérea de Ibagué.

En la segunda vuelta, se habrían cometido cinco irregularidades adicionales por un total de 1.600 millones de pesos. Por el momento, las sanciones que podría imponer el CNE se limitan al ámbito administrativo, incluyendo multas y la devolución de dineros públicos.

Los cargos administrativos afectarán tanto al presidente Gustavo Petro, como a su entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a los auditores de la contienda, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.