Una gran controversia se ha desatado en redes sociales debido al Acuerdo No. 0010 de 2023 del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el cual actualiza la lista de oficios y ocupaciones reconocidos, modificando el Acuerdo 0009 de 2005, con el fin de determinar la cuota de aprendices que las empresas deben contratar. Entre los oficios incluidos en la actualización, destacan aquellos relacionados con el trabajo sexual y otros servicios personales que han generado rechazo en algunos sectores políticos.

El listado, que circuló en redes, incluye ocupaciones como prostituta, gigoló, modelo webcam, acompañante de club nocturno, lecturista de tarot, quiromántico, vidente, caballero y señora de compañía. Estos oficios, que anteriormente no estaban reconocidos, han sido motivo de indignación, especialmente por parte de algunos congresistas, quienes consideran que su inclusión desvirtúa el propósito del Sena y del acuerdo.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal fue una de las primeras en manifestar su rechazo, calificando el acuerdo como “repugnante” y una “vergüenza total” para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Cabal criticó que se incluyan ocupaciones que, a su juicio, no deberían ser reconocidas oficialmente.
Por su parte, la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, se sumó a las críticas, advirtiendo que, con la posible aprobación de la nueva reforma laboral, las empresas se verían obligadas a contratar a personas en estas ocupaciones bajo contratos a término indefinido, lo cual, según ella, afectaría negativamente al sector empresarial.

En respuesta a las críticas, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, explicó que la inclusión de estas ocupaciones responde a la clasificación internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Nosotros lo que hacemos es asumir esa clasificación, la cual ha sido enriquecida desde 1957”, aclaró Londoño, defendiendo el criterio del organismo internacional.

El debate en torno al Acuerdo No. 0010 de 2023 ha dividido a la opinión pública, y sigue generando intensas discusiones sobre la actualización de las ocupaciones reconocidas en Colombia y el rol del Sena en este proceso.