La provincia ecuatoriana de Orellana, cerca de la frontera con el departamento colombiano de Putumayo, ha sido escenario de una creciente violencia en los últimos meses. Las autoridades han registrado al menos cinco masacres en la zona, las cuales se atribuyen a los enfrentamientos entre los Comandos de la Frontera, un grupo armado colombiano vinculado al narcotráfico, y Los Choneros, una poderosa banda criminal ecuatoriana con conexiones con el cartel de Sinaloa. Esta lucha por el control de las rentas del narcotráfico y la minería ilegal en la Amazonía se ha intensificado desde julio, cuando una tregua entre los grupos se rompió.

La violencia en la zona fronteriza ha crecido de manera alarmante, con un aumento significativo de muertes en la provincia de La Joya de los Sachas, en el corazón de los enfrentamientos. En lo que va de 2024, las muertes se han triplicado, alcanzando un total de 74 crímenes, frente a los 24 registrados en el mismo período de 2023. Entre las víctimas se encuentra un campesino cocalero que denunció, a través de WhatsApp, la creciente presión de ambos grupos armados para cobrar «impuestos» por la venta de cocaína. Según su testimonio, ahora los productores deben pagar dos veces por el mismo producto, uno a los Comandos de la Frontera y otro a Los Choneros.

Carlos Fernández, de la oenegé Amazon Frontlines, explica que el conflicto ha escalado debido al creciente poder de Los Choneros, que anteriormente operaban como colaboradores de los Comandos de la Frontera, pero ahora buscan independizarse y tomar el control total de las rutas del narcotráfico en la región. Esta disputa ha generado un impacto negativo en la seguridad y estabilidad de la zona, especialmente en las áreas fronterizas, donde las autoridades luchan por contener la violencia.

La situación ha puesto en alerta a las autoridades ecuatorianas, que ya han reportado múltiples ataques y amenazas, como las que circularon a principios de noviembre, cuando Los Choneros amenazaron a los comerciantes colombianos de la zona fronteriza, exigiendo el pago de un impuesto sobre la gasolina. En respuesta, los Comandos de la Frontera también enviaron un mensaje similar a los comerciantes, pidiéndoles que pagaran «su impuesto» o serían considerados objetivos militares.