En respuesta al aumento de la violencia armada en la región de El Catatumbo, el Gobierno Nacional decretó el estado de conmoción interior por 90 días para enfrentar la grave crisis humanitaria y recuperar el control territorial. La medida busca garantizar la seguridad de la población civil, severamente afectada por los ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales que operan en la zona.

La violencia en El Catatumbo, que incluye municipios como Tibú, Ocaña y Sardinata, además de territorios indígenas como los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, ha provocado desplazamientos masivos y una alteración significativa del orden público. Las cifras indican que 36.137 personas han sido desplazadas y que, desde 2017, se han registrado 22 homicidios de firmantes del Acuerdo Final de Paz en la región.

El presidente justificó la declaratoria por la presencia de actores armados como el frente de guerra nororiental del ELN, grupos residuales de las FARC como la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, y organizaciones criminales como Los Pelusos y el Clan del Golfo. La situación fue catalogada como un «estado de cosas inconstitucional» por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-020/22 debido al incumplimiento de garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz.

El estado de conmoción interior habilita al Gobierno para tomar medidas extraordinarias que prioricen la protección de las comunidades afectadas y restablezcan servicios esenciales como la educación, la salud y el acceso a la justicia.