En medio de una creciente controversia diplomática, el gobierno de Gustavo Petro ha tomado una serie de decisiones que han generado incertidumbre entre los colombianos residentes en el exterior, especialmente aquellos que han sido deportados por la administración de Donald Trump. La situación se centra en la negativa de Colombia a recibir aviones provenientes de EE. UU. con migrantes colombianos deportados, una postura que ha sido calificada por algunos como una violación a los derechos humanos.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó a través de su red social X que había desautorizado la entrada de vuelos norteamericanos con migrantes colombianos, argumentando que el gobierno de Trump debía “establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes de que los recibamos”. Esta decisión fue tomada en un contexto de creciente presión por el trato recibido por los migrantes durante su deportación.

Poco después, el Gobierno Petro aclaró que, en un esfuerzo por garantizar el retorno digno de los connacionales, se había dispuesto el uso del avión presidencial para facilitar el regreso de los deportados. Sin embargo, la capacidad del avión presidencial, que solo puede recibir a 54 pasajeros, no es suficiente para atender la cifra de 160 deportados que llegaban en los vuelos enviados por la administración Trump, además de los miles que se esperan en los próximos días.

La medida de no permitir el aterrizaje de los aviones con los colombianos deportados ha generado fuertes críticas a nivel internacional, siendo catalogada por defensores de derechos humanos como una violación a los derechos de los migrantes. Ante esta situación, el gobierno colombiano ha aclarado que «de ninguna manera los colombianos, como patriotas y sujetos de derechos, han sido ni serán desterrados del territorio nacional».

Para abordar esta crisis, el gobierno ha instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de la situación humanitaria y revisar los protocolos de trato digno para los deportados, con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Cancillería y la Presidencia de la República.

El gobierno colombiano también aseguró que mantiene conversaciones activas con Estados Unidos para establecer acuerdos que garanticen condiciones mínimas de respeto y trato digno para los deportados, reafirmando su compromiso con los derechos humanos.