La violencia en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes en diversas regiones del país, según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo. La intensificación de los enfrentamientos entre guerrillas, disidencias de las FARC y bandas criminales como el Clan del Golfo está profundizando la crisis humanitaria, afectando a comunidades atrapadas en medio del fuego cruzado.

Las zonas más afectadas incluyen departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, y muchos otros, donde se reporta un aumento significativo de la presencia de grupos armados ilegales. La expansión territorial del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC ha incrementado las tensiones, mientras que el Clan del Golfo, una de las organizaciones paramilitares más poderosas, ha logrado una expansión del 55% en su presencia.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro ha implementado la política de “paz total”, pero los ceses al fuego en diversas mesas de negociación han generado efectos contraproducentes, como la reconfiguración de los grupos armados, que ahora luchan entre sí por el control territorial. La violencia ha traído consigo el aumento del reclutamiento forzado de niños, desplazamientos masivos y confinamiento de comunidades.

Luis Fernando Trejos, profesor experto en el conflicto armado, señaló que la lucha ya no es solo entre grupos armados y el Estado, sino entre los propios grupos ilegales. Las regiones más afectadas por este nuevo patrón de violencia incluyen el Catatumbo y el Chocó, donde las comunidades han sido severamente impactadas por paros armados, dejando miles de personas en situación de vulnerabilidad.