La contratación de José Manuel Márquez Mayorca con entidades del Gobierno Nacional ha desatado controversia, luego de que se conociera que es primo del representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero Mayorca. Márquez Mayorca ha obtenido al menos cinco contratos con instituciones estatales, sumando más de 153 millones de pesos, luego de haber trabajado como contratista en la Alcaldía de Villavicencio.
La revelación del diario El Colombiano también señala que al menos nueve familiares de Racero han recibido contratos en diferentes entidades del Gobierno, como ministerios y agencias estatales, entre ellas Colombia Compra Eficiente y Función Pública. Márquez Mayorca es el más beneficiado dentro del grupo familiar y tiene vínculos con su tío, José Luis Mayorca, un influyente empresario del sector salud, a quien el congresista Racero ha llevado a reuniones gubernamentales sin ofrecer explicaciones públicas.
Uno de los contratos más recientes de Márquez Mayorca fue firmado el 17 de mayo de 2024 con la Agencia Nacional de Tierras por más de 66 millones de pesos. Ese mismo día firmó otro con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aunque este no se ejecutó. Otros contratos incluyen dos con Colombia Compra Eficiente (uno en diciembre de 2023 por 25 millones de pesos y otro en febrero de 2023 por 45 millones) y uno más con la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2023 por 16 millones de pesos.
El objeto de estos contratos se centra en apoyo a oficinas administrativas para la implementación de programas y proyectos institucionales. Sin embargo, surge el cuestionamiento sobre cómo un solo contratista puede asumir múltiples compromisos de manera simultánea y cumplir con sus responsabilidades de forma eficiente.
Paralelamente, el representante David Racero enfrenta dos investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Una de ellas está relacionada con supuestos cobros de parte del salario a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), caso revelado por el periodista Daniel Coronell. La segunda indagación se centra en un chat entre Racero y el director del SENA, cuyo contenido aún no ha sido explicado completamente por el congresista.
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