Dos años después de la implementación del protocolo en el Congreso de la República para prevenir y atender casos de violencia sexual en el ámbito laboral, víctimas denuncian que las denuncias no avanzan y que los casos parecen quedar en el olvido.

Cinco funcionarias de diferentes oficinas parlamentarias, entre ellas abogadas y comunicadoras sociales, hicieron pública su denuncia como un acto de sororidad y protesta ante la falta de aplicación del protocolo. Este miércoles, en los baños del Capitolio, aparecieron mensajes escritos en los espejos que evidenciaban la impunidad: “Rompimos el silencio y nada pasó”, “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato”.

Según las denunciantes, la ruta de atención establecida por el Senado y la Cámara, en conjunto con la Comisión para la Equidad de la Mujer, “se ha convertido en letra muerta”. Hasta julio de 2023, se registraron nueve denuncias, y en 2024 solo una, sin que haya avances significativos.

Un caso emblemático es el de Tania Acero, una contratista que denunció a su presunto agresor –quien continuó trabajando en el Congreso– y se vio obligada a renunciar por la presión psicológica. “Desde que denuncié en diciembre de 2024 solo recibí una llamada y un correo sin indicaciones claras”, aseguró.

Las denunciantes señalaron falencias estructurales en la implementación del protocolo, como la ausencia de un mecanismo autónomo de investigación y sanción, la falta de medidas de protección efectivas y la ausencia de un enfoque diferencial. Además, criticaron que las capacitaciones en violencia de género no sean obligatorias ni evaluadas.

Finalmente, advirtieron que “el Congreso sigue siendo un espacio profundamente patriarcal y que las estructuras de poder continúan protegiendo a los agresores”, insistiendo en la falta de voluntad política para hacer cumplir el protocolo.