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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció un plazo de 30 días hábiles, hasta el 21 de mayo, para que seis exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc respondan si aceptan o no las imputaciones por delitos relacionados con el reclutamiento y explotación de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado colombiano.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP les imputó delitos como reclutamiento forzado, tortura, malos tratos, homicidio y violencias sexuales. Los llamados a reconocer su responsabilidad son Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Joaquín Gómez.
Según la JEP, los hechos ocurrieron entre 1971 y 2016, con un pico de incidencia entre 1996 y 2016. Durante ese período, se documentó que 18.677 menores fueron víctimas de reclutamiento forzado y otros crímenes de guerra. La imputación se centra en cuatro patrones macrocriminales:
La JEP afirmó que los excomandantes conocían de manera directa la participación de menores en el conflicto y no implementaron medidas para prevenir o sancionar estos crímenes. Aunque el 13 de noviembre pasado emitieron un comunicado aceptando las imputaciones, hasta ahora no han formalizado esa aceptación ante la justicia transicional.
