Luego de que la Fiscalía General de la Nación rechazara otorgarle inmunidad penal total, la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, reiteró su intención de seguir colaborando con la justicia, asegurando que cuenta con información clave que involucra a aforados.

La decisión del ente acusador fue comunicada públicamente, indicando que la solicitud de inmunidad presentada por la defensa de Ortiz, bajo la figura del principio de oportunidad, fue rechazada por el equipo de fiscales a cargo del caso.

“La defensa de la procesada ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha sido rechazada”, señala el comunicado de la Fiscalía.

En respuesta, Ortiz y su equipo jurídico defendieron el valor de la información entregada, afirmando que se trata de datos “precisos y verificables” que podrían abrir líneas de investigación contra altos funcionarios con fuero.

La exfuncionaria, procesada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, también expresó su preocupación por la seguridad de su familia y la suya, al advertir que la información que posee es “relevante y precisa”.

Ortiz ha sido señalada por exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López y Sneyder Pinilla, como figura clave en la desviación de recursos públicos en octubre de 2023. Según los testimonios, los fondos estaban destinados a emergencias en departamentos como La Guajira, pero fueron utilizados como presuntos sobornos para impulsar reformas del gobierno en el Congreso.

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, Ortiz habría entregado $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, siguiendo instrucciones del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González. Las entregas se habrían realizado en un apartamento de lujo en el edificio Basell I, ubicado en el norte de Bogotá.