La fumigación con glifosato, uno de los temas más controversiales en la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia, vuelve a estar en el centro del debate nacional. A pesar de que el presidente Gustavo Petro ha reiterado su rechazo a este método, la reciente licitación de la Policía Antinarcóticos y la firma de cuatro contratos por más de 7.000 millones de pesos indican un posible giro en la política antidrogas.

La licitación, que cierra el 11 de abril, contempla la compra de 40.000 litros de glifosato, lo que permitiría la fumigación terrestre de al menos 20.000 hectáreas de cultivos ilícitos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el proceso de contratación avanza, aunque insistió en que se espera no tener que usar el químico si la estrategia de sustitución voluntaria logra mejores resultados.

“El Presidente lo que menos quiere es el empleo del glifosato”, dijo Sánchez. Sin embargo, aseguró que, por compromisos internacionales, el Gobierno mantiene esta opción sobre la mesa como herramienta complementaria.

No obstante, el presidente Petro fue enfático al desmentir a su ministro a través de la red social X: “Esto no es cierto. La política del gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales qué generen prosperidad en las comunidades”.

La confusión en el discurso oficial pone en duda cuál será el verdadero rumbo de la política antidrogas del actual gobierno. Mientras tanto, los bajos resultados en erradicación —de 103.257 hectáreas en 2021 a apenas 9.404 en 2024— y la presión de Estados Unidos por mantener la cooperación, estarían inclinando la balanza nuevamente hacia el uso de químicos.